Casi la mitad de las donaciones empresarias recibidas por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre de 2005, provinieron de cuatro empresas que son proveedoras del municipio de Hurlingham, algunas de ellas favorecidas con importantes contratos, y de una quinta que carece de habilitación municipal y desarrolla actividades peligrosas para el medio ambiente al amparo de una ordenanza de excepción.
  De acuerdo con el informe final del monitoreo realizado por Poder Ciudadano sobre la campaña electoral 2005, publicado el pasado 31 de marzo, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires declara haber recibido donaciones privadas por $ 1.642.000, de los cuales $ 963.000 provinieron de empresas y $ 679.000 de ciudadanos.
  Ubicadas al tope entre las seis mayores donantes, se encuentran Kasema, con $ 91.000, y Transportes Ridan, Opavi S.A., Survial y Urba Construcciones, cada una de ellas con $ 90.000. Vale decir que $ 451.000, o lo que es lo mismo el 46,72 % del total de donaciones empresarias de la provincia de Buenos Aires en su conjunto, a la campaña de “Chiche” Duhalde, provinieron de empresas proveedoras de nuestro municipio, o que funcionan bajo su paraguas protector.
  Si bien no hay nada de ilegal en dar o recibir aportes de campaña, el hecho de que estos aportantes al justicialismo bonaerense fueran al mismo tiempo habituales clientes o virtuales protegidos de un municipio gobernado por un intendente hasta entonces confesamente duhaldista, da lugar a la sospecha de intercambio de favores, y no sólo pone en cuestión la transparencia del procedimiento por el cual se obtuvieron las supuestas donaciones, sino también la limpieza de los mecanismos de contratación de proveedores municipales y de sanción de ordenanzas de excepción.

  Amigos de la casa

  Transportes Ridan, Survial, Urba Construcciones y Opavi S.R.L., quienes se encuentran entre los 6 mayores aportantes a la campaña del PJ bonaerense, con $ 90.000 cada uno, son habituales proveedores de la municipalidad de Hurlingham, y han sido favorecidos con importantes contrataciones tal como surge de las rendiciones de cuentas de 2003 y 2004, y probablemente también lo hayan sido durante el 2005 aunque aún no se dispone de esos datos.
  Transportes Ridan S.R.L. figura en el libro de proveedores municipales con el Nº 1826. Uno de sus fundadores es Ricardo Raúl Birriel, quien en forma individual figura también como proveedor de la comuna con el Nº 1764. El nombre de la empresa proviene de la fusión de la primera sílaba de su nombre y del de su socio de entonces Daniel Temer.
  Durante 2003 Birriel realizó transacciones con la municipalidad de Hurlingham nada menos que por $636.572,00. Las hizo a título personal, es decir a su nombre, sin embargo la dirección que figuraba en las facturas emitidas era Boedo 2402 de la localidad de Boulogne, sede de Transportes Ridan S.R.L.. También había un teléfono, el 4708-0632, que aún hoy sigue perteneciendo a la misma firma.
  En 2004, Birriel fue favorecido nuevamente por la municipalidad de Hurlingham con compras por una cifra cercana al medio millón de pesos.
  Urba Construcciones S.R.L., es otro de los proveedores con elevadas cifras de contratación. Durante 2003 la municipalidad le abonó por conservación de calles y desagües nada menos que
$ 868.345,00.
  Sur Vial, de Daniel Ferrarelo, es una empresa de la lejana localidad de Berazategui. Su nombre comenzó a hacerse conocido tras la rendición de cuentas de 2001, cuando salió a la luz pública el escándalo de la cooperativa Tesei Limitada, armada para “dar trabajo” a militantes del juanjismo.
  Sur Vial fue quien reemplazó a la cooperativa Tesei en las preferencias comunales, luego de que el hasta entonces intendente Juan José Alvarez marchara a la Provincia para asumir como Ministro de Seguridad bonaerense, y fuera reemplazado interinamente por el actual jefe comunal Luis Acuña. Su primer trabajo fue el pintado de 1.000 columnas de alumbrado que nunca pudieron ser identificadas porque no había ningún listado que detallara su ubicación.
  Durante 2004, le fueron adjudicados trabajos por $ 296.518,00 y otros $ 50.000 adicionales por el nivelado de tierra en el parque público Pedro Díaz, que debieron ser compensados por no estar contemplados en el presupuesto.
  Opavi S.A., por último, es una firma de la localidad de Haedo que lleva uno de los números de proveedor más antiguo, el 114. Durante 2003 la municipalidad también la contrató para conservar calles y desagües, y además para tareas de bacheo, por un monto de $159.775,00. En el 2004 volvió a contratarla, esta vez por $ 274.990,00, y es de pensar que la relación continuó durante el 2005, sobre todo teniendo en cuenta el simpático gesto de realizar tan generoso aporte de campaña.

  El caso Kasema

   Kasema SA, segunda en el ranking de aportes a la campaña de “Chiche” Duhalde –cabeza de la lista que a nivel local impulsaba el intendente Luis Acuña-, es una empresa de Hurlingham ubicada en la calle Centenera 435, sobre la margen izquierda del arroyo Morón.
  Se instaló en el lugar en 1996 y nunca obtuvo la habilitación municipal, pese a lo cual continuó funcionando de manera precaria, inclusive cuando amplió sus actividades para realizar procesos industriales susceptibles de causar daños al medio ambiente. Esto ocurrió en enero de 2002, cuando comenzó a fabricar insecticidas y productos de limpieza. Por las características de los nuevos procesos debió ser necesariamente encuadrada dentro del rubro “uso condicionado” del suelo, y dada la imposibilidad de proseguir el trámite por la vía normal, el expediente de habilitación recayó finalmente en el Concejo Deliberante para ser tratado por vía de excepción.
  La firma mantenía por entonces una deuda de $ 49.470,80 con el municipio en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene, pero el 25 de marzo de ese mismo año solicitó el concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 5 del Dr. Gerardo Vasallo. Acumulaba, aparte de la deuda municipal, un rojo de $ 726.613 por el libramiento de 317 cheques sin fondos, 89 de ellos con posterioridad a la solicitud de convocatoria.
  Esa empresa que parecía estar al borde de la quiebra, y que alegaba no poder pagar los impuestos adeudados, presentó sin embargo tres días después de la convocatoria, una nota a la municipalidad solicitando que prosiguiera el trámite de habilitación para lograr la documentación definitiva.
  A partir de entonces el expediente comenzó a dar vueltas por el Concejo. El partido Integración Vecinal presentó un pedido de informes, nunca contestado, para conocer el estado de deuda y saber si Kasema SA contaba con el certificado de aptitud ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
  En agosto de 2004, la comisión de Obras Públicas del Concejo elaboró un predictamen, que nunca vería la luz, en el que se pedía un giro del expediente al departamento ejecutivo para solicitar aclaraciones. Permanecía aún en el fondo de algún cajón cuando, apenas un mes más tarde otra comisión, la de Salud, decidió abandonar los cuestionamientos y dio a luz en su lugar un proyecto de ordenanza autorizando al ejecutivo a otorgar la habilitación comercial a Kasema, y a efectuarle un descuento del 50% en la Tasa de Seguridad e Higiene correspondiente a los bimestres 4º, 5º y 6º de 2004.
  Como suele suceder en estos casos, para evitar quedar incursos en falta grave, los concejales supeditaron el otorgamiento definitivo de la habilitación a la obtención por parte de la empresa del certificado de aptitud ambiental, algo que luego nadie controla o cuyo trámite se dilata hasta el infinito, mientras se sigue funcionando de manera precaria.
  El concejal Luis Minichilo, hoy en el Frente Peronista para la Victoria, fue uno de los que se opusieron al otorgamiento de la vía de excepción, y señaló en el recinto algunas de las irregularidades que contenía el expediente finalmente aprobado por el oficialismo. Según resumió el edil, de acuerdo a las constancias obrantes en el mismo, la empresa dedicada ahora a la fabricación de detergentes e insecticidas no tenía planta de tratamiento y carecía de permiso de vuelco al arroyo Morón. Tampoco había tenido nunca el certificado de aptitud ambiental, a pesar de lo cual funcionó de modo permanente desde 1996 con una habilitación provisoria como si se tratara de un simple comercio.
  “Esta es una empresa de segunda categoría que trabaja con elementos muy contaminantes, muy pesados. Los invito a ir a Centenera y arroyo Morón para ver lo que es esa niebla” –había puntualizado en la ocasión el legislador, que es vecino de la zona.
  Gracias a la paciencia y generosidad de sus acreedores, entre ellos la municipalidad de Hurlingham, Kasema SA pareció recomponer rápidamente sus activos, ya que algunos meses después de haber logrado la vía de excepción hizo un aporte de $ 91.000 a la campaña del justicialismo bonaerense. Considerable esfuerzo sobre todo teniendo en cuenta lo complicado de su situación financiera, ya que de acuerdo a la base de datos del Banco Central tiene un crédito de
$ 258.700 con el Banco Francés en categoría 5 (irrecuperable) y otro por $ 1.057.200 con el Banco Mariva, en categoría 3 (con atrasos de entre 90 y 180 días).

  Olvido

  En la página 8 del informe, Poder Ciudadano deja constancia que “llamativamente el PJ declara no haber hecho gastos de publicidad en vía pública”. ¿Quién habrá pagado entonces y con qué fondos las toneladas de papel afiche que cubrieron las paredes de Hurlingham con la imagen del intendente Acuña en primer plano?
  Cabe la posibilidad de que se trate de alguna otra donación que en el apuro olvidaron declarar.