Para observar la crisis energética nacional hay que hacer las veces del viajero discreto, que recorre sin llamar la atención, observando atentamente los resquicios que denuncian lo que se oculta. Allí está la crisis. Su lugar es, paradójicamente, un “no lugar”, un lugar de anonimato.
  Buscándole justamente este “no lugar” a la crisis, el gobierno argentino la ha dado a conocer. Es decir, que mientras la niega toma acciones para evitarla. En la Argentina de hoy, es enorme la disputa subyacente entre diferentes protagonistas de la sociedad para evitar llevarse los costos de esta crisis. El único ausente en la dimensión que le corresponde, por ahora, es el pueblo.
  Una de las manifestaciones de esta crisis energética es la “crisis del gasoil”. En realidad, como el gasoil es un derivado (subproducto) del petróleo, podríamos llamarla una “crisis derivada” de la “crisis general”. Esta “crisis derivada” se solucionará seguramente; el problema, como decía, es saber quién acarreará con los costos de la solución.
  El gasoil es un producto que es consumido mayoritariamente por productores agropecuarios y por transportistas. De manera que el faltante de este combustible generaría deficiencias en la producción cerealera y problemas en el transporte de pasajeros y abastecimiento de mercados.
  Esto ha comenzado a ocurrir. De ahí que se hiciera sentir las protestas del denominado “campo” y del sector empresario. Pero no todos protestaron por igual.
  Del sector empresario de los hidrocarburos, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) ha sabido ir al paro para exigir al gobierno la recomposición del margen de rentabilidad del sector.
  Pero no ha sido acompañada su posición por los empresarios de la Asociación de Estaciones de Servicios Independientes (AESI), quienes también exigen soluciones, pero reclaman contra las grandes petroleras y apoyan los reclamos del Sindicato de Estaciones de Servicio, sector trabajador que manifiesta su oposición al “monopolio de las empresas petroleras” ya que llevan a una situación de crisis a las estaciones independientes.
  De la AESI critican también el “mercado negro” del gasoil, a través del cual -según dicen- las refinadoras abastecen directamente a los productores a precios superiores a los “acordados” (1.47 pesos por litro).
  Esta cámara se ha pronunciado en diferentes oportunidades contra la desregulación del mercado durante la década menemista, que permitió que las refinadoras instalaran tanques y surtidores a consumidores mayoristas. A esta queja se ha sumado Rosario Sica, presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra).
  Desde el “campo”, protestó la Sociedad Rural que asegura que habrá un déficit de 58 mil m3 en la oferta de gasoil. Para ellos, “la única solución es aumentar las importaciones a pérdida por medio de la empresa oficial Enarsa o que se subsidie a las distribuidoras privadas no sólo con desgravaciones impositivas, sino con subsidios directos”.
  El Estado, entonces, debería cargar con el costo fiscal del desabastecimiento. Mientras que las distribuidoras (Repsol, Petrobrás, Shell, Esso) no deberían acarrear ningún costo.
  También la Federación Agraria Argentina (FAA) protestó con cortes de ruta y “tractorazos” en las ciudades, para que se de una solución integral a la escasez del gasoil. Aseguran que se pone en juego “la vida de cientos de miles de familias del interior profundo, que no tienen futuro con el actual modelo agropecuario”.
  Más allá de la protesta, el sector empresario (estacioneros y productores) no pareciera apuntar hacia las mismas propuestas de solución. Sí, ciertos sectores empresarios (Cecha, SRA, CARBAP) junto a las grandes petroleras, las cuales exigen aumentos de precios, incentivos a las inversiones y más subsidios estatales para la importación. Muchos de estos reclamos se observan en las editoriales de los diarios Clarín y La Nación.
  El 10 de septiembre, Clarín indica que “La restricción energética es uno de los grandes problemas de la economía argentina. Es necesario (…) evaluar ajustes de precios considerando las diferencias de ingresos de los consumidores. Invertir para aumentar la oferta energética en el corto plazo es decisivo para sostener el crecimiento.” El 1 de octubre continúa: “El crecimiento de la economía (…) plantea desafíos que no pueden ignorarse (…) Entre esos desafíos está la necesidad de contar con energía suficiente para sustentar el crecimiento (…) Por el momento, el problema más notorio aparece en el mercado del gasoil (…) La escasez energética plantea la necesidad de optar por una o varias de tres alternativas: reducir el consumo, promover la inversión o aumentar los precios para promover, vía mecanismos de mercado, bajas en el consumo y aumento en la inversión (…) Hasta el momento el Gobierno procuró que la situación energética no se traduzca en un aumento en los precios de la electricidad y los combustibles al por menor. Este propósito es parte de una política de resguardo de los ingresos y de contención de la inflación y, en ese sentido, es atendible. Pero debe manejarse con realismo para evitar que derive en desaliento de las inversiones destinadas a la producción energética.”.
  Es una doctrina bien definida, similar aunque más explícita, es la adoptada por La Nación: “La renuencia oficial a aceptar la existencia de una creciente crisis energética, una de cuyas evidencias es el déficit de gasoil que perturba preponderantemente al transporte en general y a la producción rural, se orienta ahora a culpar y agredir a la industria petrolera (…) Una vez más se pretende desconocer la vieja ley económica de la oferta y la demanda, nunca desmentida, sino en todo caso reafirmada a través de siglos (…) Mientras se continúe presionando y amenazando a las empresas, al punto de obligarlas a importar combustibles a pérdida, la situación, lejos de mejorar, se profundizará”. Esta es una clara protesta contra las presiones de gobierno, en especial la aplicación de la Ley de Abastecimiento.
  En paralelo a estas vocinglerías, en la 27º Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), los empresarios y responsables de las finanzas de las principales compañías aseguran que “El Estado debería ofrecer un marco jurídico y normativo que sirva para impulsar las inversiones que quieren hacerse en este sector”. Claro que aquí se apuntaba a la situación energética en general.
  Pero la disputa sin dudas más grande es la emprendida entre el Gobierno y las grandes empresas petroleras, a quienes se exige que, al colmar la capacidad de sus refinadoras (por la creciente demanda de gasoil) y al no haber invertido para aumentar dicha capacidad, importen el combustible, aún a pérdida. Las exigencias apuntan especialmente a Petrobrás y a Shell. Las petroleras advierten que sería una pérdida enorme por la diferencia de los precios internacional y local, aún disponiendo la libre importación de gasoil.
  A grandes números, las productoras de gasoil ofrecen anualmente al mercado unos 12 millones de m3. Pero el consumo total de todo el 2006 alcanzaría los 13 millones de m3, por lo que estaría faltando 1 millón de m3. Ese déficit, el gobierno exige que se compense a través de la importación del combustible, práctica que realizan las empresas pero no en la cantidad demandada.
 Las empresas, en particular Shell, se resisten a importar (situación que actualmente están normalizando el resto de las petroleras), porque el precio internacional del gasoil se ubica en 400 dólares por m3 (aproximadamente y bajo la importación libre de impuestos), mientras que en mercado local el precio rondaría los 200 dólares el m3.
  De aquí que el gobierno ofrezca como medida aplicar la Ley de Abastecimiento, buscando que las petroleras ofrezcan igual cantidad de combustible que el año anterior, más el proporcional de aumento del PBI.
  Con esta medida, se trazó nuevamente la divisoria que separa al sector privado de empresarios y productores agrarios, ya que mientras en la Federación Agraria Argentina la medida fue bienvenida, tanto la CRA y la SRA mostraron mayor cautela.
  La posición de la FAA estuvo acompañada por la de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac), entidad que consideró a través de su presidente, Luis Morales, que “con la decisión de Comercio Interior se está poniendo una mano dura que hacía falta”. En oposición, la Sociedad Rural Argentina no vio con buenos ojos el instrumento elegido por el Gobierno. Su vicepresidente, Hugo Luis Biolcati, aseguró que “La ley de abastecimiento no nos gusta, aunque se aplique en nuestro favor”.
  Sin embargo, este “castigo” tuvo un gemelo al nacer, un gemelo de signo opuesto; pues, al mismo tiempo que se anunciaba la Ley de Abastecimiento, el kirchnerismo en el Senado aprobaba una nueva Ley de incentivos para la exploración y producción de hidrocarburos, premiando con grandes beneficios a las petroleras que (en una actividad de enorme rentabilidad) provocaron el actual desabastecimiento del mercado de combustibles.