En la primera sesión de octubre el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de decreto adhiriendo a la campaña nacional de búsqueda de Julio López, el testigo clave del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, que se encuentra desaparecido desde el domingo 17 de septiembre.
  El mismo fue presentado por el bloque del PJ, conjuntamente con los concejales del Frente para la Victoria oficialista, J. C. Braciaventi, Nilda Troncoso y Roberto Frontera, quienes manifestaron su mayor preocupación ante la no aparición de López, a quien reconocen como vital testigo “de una época nefasta en nuestro país”.
  Se pronuncian también contra la ola de amenazas a jueces y periodistas, y califican el juicio a Etchecolatz como un “histórico acontecimiento en la República Argentina”.
  En los fundamentos del proyecto los ediles acuñistas y del FPV oficialista sostienen que la desaparición de Julio López “nos retrotrae en la memoria colectiva de la población de Hurlingham y del país todo a la etapa más oscura de la historia argentina”.
  Con verdadero encomio y una convicción que nunca antes, a lo largo de diez años de gobierno, se le había conocido al oficialismo en este tema, aplauden un poco más abajo la decisión del presidente Kirchner de derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “que permitieron lograr la impunidad de numerosos genocidas”. Y rematan: “Esa impunidad que hasta hoy estos personeros del terror gozaron ha llegado a su fin”.

  Memoria selectiva

  Sin embargo la impunidad no parece haber llegado a su fin para todos por igual, ya que los concejales del oficialismo y sus tres aliados del FPVO pronunciaron discursos y levantaron las manos para votar el proyecto de su propia autoría, con la cara enfrentada al retrato del ex intendente Juan José Alvarez que pende de una de las paredes del concejo, justo delante de sus ojos.
  El ex intendente Alvarez, el mismo que bajo el seudónimo de Javier Alzaga fue agente de la SIDE durante esa “época nefasta en nuestro país” en que la máquina de exterminio de la dictadura se vertebraba alrededor de los servicios de inteligencia; el que era considerado por sus superiores un “excelente analista”; el que entendía que desde ese lugar se podía “servir al país” y que pidió ser aceptado “por sentirse identificado con el proceso militar”; el que fue recomendado por el represor Albano Harguindeguy, ministro del interior del dictador Jorge Rafael Videla, y responsable de todos los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo jurisdicción de la Policía Federal, quien lo definió ante los señores de la muerte como “un excelente elemento que no defraudará la confianza que en él se deposite”.
  En el artículo segundo del proyecto de decreto aprobado, sus desmemoriados (o miopes) autores proponen adherir a la campaña nacional por la aparición de Julio López mediante la colocación de afiches en la recepción del Honorable Concejo Deliberante. Podrían colocarlos además en el recinto de sesiones que también es un espacio público. Lugar se puede hacer. Sólo haría falta descolgar algún retrato en honor a la coherencia.