El caso del aliviador del arroyo Soto es una demostración transparente de obra pública ejecutada a la bartola, subordinando la planificación responsable y los intereses y las necesidades de los vecinos a los tiempos y las conveniencias políticas.

  1) Es elemental, y los ingenieros de Hidráulica lejos están de desconocerlo, que los trabajos en un curso de agua no sólo deben planificarse para el conjunto de la cuenca, sino que además no deben nunca comenzarse aguas arriba. Menos aún, ejecutarlos únicamente aguas arriba. Sin embargo las obras solicitadas por Ituzaingó en la cuenca del Soto fueron autorizadas en el año 2003, a sabiendas de los efectos que provocarían aguas abajo.
  Doce años antes, en 1991, los propios técnicos de Hidráulica habían dejado constancia en un informe de que no debían realizarse obras aguas arriba en el arroyo sin atender primero el cuello de botella que se producía aguas abajo. En la página 6 de dicho informe puede leerse textualmente que el principal problema que se presenta es que la capacidad media del mismo “se ve seriamente restringida en ciertos sectores donde se producen estrechamientos, debidos al avance de construcciones particulares y alcantarillas subdimensionadas”. Y continúa: “En este sector (...) deben solucionarse los estrechamientos existentes en forma previa a cualquier emprendimiento en la cuenca alta y/o media”.

  2) Es también harto conocido que una obra debe planificarse teniendo en cuenta proyecciones a futuro. Sin embargo, el ingeniero Castiglione se vio forzado a admitir, en la reunión del 19 de abril en Ituzaingó, que la obra del aliviador una vez terminada será ineficaz y no alcanzará a cumplir los objetivos con que fue concebida. Esto se debe a que el diámetro de los caños colectores es menor al que deberían tener, pues para diseñarlo se tomaron como base estudios de precipitaciones pluviales de los años 97/98, que han crecido en promedio alrededor de un 50% desde entonces. Increíble.

  3) Si las omisiones e imprevisiones son graves mucho más lo es aún la negligencia. Hace ya cuatro años, en febrero de 2003, el concejal de Hurlingham Lisandro Pereiro presentó un pedido de informes al ejecutivo, en el que alertaba sobre las posibles consecuencias de las obras hidráulicas que se estaban por realizar en el vecino municipio de Ituzaingó.
  Preguntaba Pereiro si la municipalidad de Hurlingham había realizado estudios hidráulicos para prevenir las posibles consecuencias y finalizaba considerando que “las obras de entubamiento en el distrito de Ituzaingó suponen una aceleración en el escurrimiento de las aguas pluviales y sin los estudios correspondientes de impacto en nuestro distrito pueden llegar a tener consecuencias nefastas en las márgenes del arroyo en cuestión”. Más claro agua, con perdón de la ironía.
  El informe por supuesto jamás fue contestado y nada se hizo desde entonces hasta la actualidad a pesar de que fue numerosa la obra pública encarada en el distrito con financiamiento tanto provincial como nacional.
  Además, punteros políticos afines al oficialismo alentaron en todo ese tiempo de manera irresponsable que se continuara avanzando con edificaciones sobre la margen misma del Soto en la zona de William Morris.