Con la asunción del intendente Luis Emilio Acuña al frente de la administración municipal la demanda penal -en la mayoría de los casos a partir de denuncias infundadas- comenzó a ser utilizada como una herramienta política puesta al servicio de dirimir conflictos y de acallar las voces de adversarios y opositores.
  La escalada se inició en julio de 2003 cuando el militante justicialista Angel D’Amico, quien mantenía una disputa con el jefe comunal, fue encarcelado mediante una acusación falsa y confinado en el Melchor Romero, en el pabellón de los internos peligrosos. A partir de entonces estose convertiría en una metodología habitual que sería usada tanto para acallar la protesta, como para perseguir opositores o someter a las instituciones en dificultades.
  Así fue que se demandó judicialmente a los vecinos que se oponían a la instalación del cementerio privado "Brisas del Pinar"-también con acusaciones sin sustento-; se iniciaron cuatro causas contra el concejal del FPV Eduardo D’Amico -quien se perfilaba como uno de los principales opositores al intendente-; se persiguió judicialmente al abogado Walter Brizzio -que fue encarcelado y luego sobreseído debido a que, al igual que en las ocasiones anteriores, la denuncia demostró carecer de sustento- ; se intentó "legalizar" –con la presunta connivencia de una fiscalía- el copamiento de una sociedad de fomento por elementos afines al oficialismo; se destituyó irregularmente y se le inició una causa a la concejal opositora Patricia Miño luego de que se negara a pasarse a las filas del oficialismo; se amenazó con llevar a los estrados al vecino Juan Troncoso por las opiniones vertidas en un programa de televisión y –en lugar de prestarles ayuda-se denunció penalmente a dos entidades en problemas: la Sociedad de Fomento Enrique Finocchieto y la cooperativa de provisión de agua de Parque Quirno.
  El pasado mes de julio fue el turno de probar la medicina para el concejal de la Coalición Cívica Jorge Tassara, quien fue denunciado ante la justicia por uno de las principales espadas del intendente en el Concejo Deliberante, la presidente del Cuerpo, Hilda López.
López hizo una presentación en la fiscalía Nº 5 acusando a Tassara de quedarse con la mitad del sueldo de su secretaria y luego la "noticia" fue profusamente difundida a los medios de comunicación a través de un injuriante texto firmado por una desconocida y probablemente inexistente agrupación "Verdad peronista", con la que seguramente la presidente del Concejo negará todo vínculo.
  El texto venía acompañado sin embargo de una copia digital de la denuncia original y otros papeles oficiales con sello de la fiscalía, que curiosamente "Verdad peronista" –no se sabe cómo y probablemente nunca se investigue- tenía en su poder. Este sugestivo hecho se une a otro ocurrido en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante durante la primera sesión del mes de agosto, cuando el concejal oficialista "Nito" Bertinat -que no es parte en la causa- exhibió documentos oficiales y dio muestra de conocer información que no había sido proporcionada por la fiscalía ni siquiera a los propios implicados.
  La acusación realizada por López no pudo ser finalmente probada y amenaza con volverse en su contra, debido a las imprudentes declaraciones realizadas a la prensa por la presidente del Concejo. Todo parece marchar rumbo a la confirmación de que se trata de una nueva denuncia infundada del oficialismo. La cuarta, sin que a nadie en el ámbito judicial parezca resultarle sospechoso.

  "Sistema mafioso"

   Durante el pasado mes de abril, la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) acusó al intendente de Merlo, Raúl Othacehé de formar parte de "un sistema mafioso que funciona en red con sus pares de Ituzaingó, Alberto Descalzo y de Hurlingham, Luis Acuña".
  “Cuando se quieren sacar a alguien de encima comienzan a perseguirlo, a presionarlo, le inventan causas judiciales" -dijo la legisladora, quien considera que los tres intendentes mencionados “tienen contactos con la Justicia de Morón, que es la que recepciona la mayoría de los casos, y con las policías locales”.
  La connivencia con el poder político de algunos fiscales y jueces del departamento judicial de Morón es un tema de larga data que no se solucionó con la implementación del Consejo de la Magistratura, ya que los pliegos de nombramiento de los funcionarios judiciales siguieron pasando por la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se continuó maniobrando para ubicar en lugares clave a "gente de confianza", bien predispuesta para la devolución de los favores prestados (ver "un departamento lleno de amigos").
  Favorecida por esta realidad, la práctica de amenazar a adversarios, opositores e instituciones e intentar doblegarlos con la espada de la ley se ha transformado en un "modus operandi" habitual del oficialismo en Hurlingham, que no solo pone de manifiesto una concepción degradante y utilitaria de la justicia -de raíz profundamente antidemocrática-, sino que desnuda además una preocupante tendencia al totalitarismo por parte del jefe comunal.
  Lo que sigue es la primera parte de un racconto de hechos de esta índole ocurridos entre julio de 2003 y los días que corren.

  Racconto - Primera parte.

  Julio de 2003

  Irma Segovia, por entonces secretaria privada del intendente Acuña, declaró haber sido amenazada con un arma de fuego por el militante justicialista Angel D’Amico. El 1º de agosto D’Amico fue conducido a la sede de la UFI Nº 1 para ser indagado por el fiscal José Andrés De Los Santos y tuvo un episodio nervioso con convulsiones. De los Santos ordenó entonces que le fuera realizada una pericia psiquiátrica, y en menos de una hora ya le había llegado un informe donde constaba la “peligrosidad” de D’Amico. Con este informe en la mano, el fiscal pidió autorización a la jueza de turno que reemplazaba al titular de la causa, Dr. Fraga, para que el detenido fuera trasladado de inmediato al Melchor Romero. D’Amico quedó internado -con serio riesgo para su vida- en la unidad penitenciaria Nº 34 del citado nosocomio (de internos peligrosos), de donde fue rescatado por su abogada. Al retomar sus funciones el juez Fraga anuló todo lo actuado, ordenó revocar la internación de D’Amico y dispuso su libertad.
  Una semana más tarde otra militante del acuñismo, Rosa Camaño, presentó una nueva denuncia contra D'Amico por amenazas. Declaró que los hechos habían ocurrido el 1º de agosto, pero D’Amico estaba preso desde el 31 de julio.
  Las causas de Segovia y Camaño se unificaron y fueron elevadas a juicio oral y el lunes 11 de septiembre de 2006 el Tribunal Oral Nº 6, falló absolviendo por unanimidad a D’Amico de todos los cargos que se le imputaban. Su defensor, el Dr. Rodolfo Fabián Jorge, acusó a algunos testigos de mentir e hizo notar que todos ellos provenían del mismo lugar: la municipalidad de Hurlingham.

  Marzo de 2006

  La empleada municipal Angélica Cristina Sánchez denunció haber sido agredida por un grupo de vecinos que se oponían a la instalación del cementerio privado “Brisas del Pinar” que había ingresado por la fuerza en el hall del palacio municipal. También dijo que la habían amenazado a través del megáfono que utilizaban para vocear sus reclamos. En su denuncia involucraba entre otros al fomentista Pedro Bruselario, a los concejales vecinalistas Luisa Césari, María del Carmen Cociña García y Marcelo Suárez Nelson, y a José Luis Perea del Partido Obrero. Ni una ni otra cosa eran ciertas, porque los políticos nombrados no habían participado ese día en la movilización, y el fomentista Bruselario, que era quien portaba el megáfono, no se encontraba en el grupo que penetró en la municipalidad. La denunciante Sánchez se desempeñaba en el área de Tributos, donde cumplió funciones durante muchos años la actual presidente del HCD, Hilda López con quien se la vinculaba políticamente.
  A pesar de la evidente falsedad de la denuncia, el intendente Acuña no sólo la respaldó sino que presentó un escrito ante la fiscalía Nº 6 del departamento judicial de Morón intentando responsabilizar a los vecinos con los hechos ocurridos en agosto de 2005, cuando dos hombres irrumpieron en el edificio del Concejo Deliberante y golpearon brutalmente a la recepcionista Ana Franzanti.
  Tras relatar ambos sucesos (el ingreso por la fuerza al hall de la municipalidad y la golpiza a Franzanti) Acuña sostuvo en el escrito que los mismos tenían “estrecha relación entre sí”.
  Estos dos hechos que Acuña intentó ligar no tenían nada que ver ni con los vecinos, ni con los concejales y los opositores denunciados y sí presentaban en cambio todo el aspecto de una operación armada en contra de los mismos. Por un lado la denuncia contra Bruselario, Perea y los concejales de Integración Vecinal era falsa. Por el otro la brutal golpiza a Franzanti había ocurrido a pocas horas de una sesión en la que los concejales acuñistas fueron abucheados y tratados de corruptos por los vecinos del cementerio privado Brisas del Pinar y tuvo todo el perfil de un “escarmiento” que se le fue de las manos a sus ejecutores. Llama la atención en este sentido el silencio que guardó la municipalidad en torno al hecho y su interés en que el mismo fuera caratulado como "robo”, pese a que los agresores no buscaban ni se llevaron dinero ni objeto de valor alguno, ni siquiera las pertenencias de la propia Franzanti.
  A pesar de los datos aportados por la víctima, que permitieron inclusive elaborar el identikit de uno de los atacantes, éstos nunca fueron apresados. Va de suyo que si el agresor hubiera pertenecido al limitado y reconocible círculo de los vecinos habría sido identificado de inmediato.
  En el escrito presentado en la UFI Nº 6, tras dejar asentada su particular opinión de que los dos hechos estaban ligados entre sí, el intendente Acuña invocó a la justicia para que caiga con todo su peso sobre los vecinos: “Es hora de que teniéndolos individualizados a estos cobardes que se escudan en las mujeres y los niños, se tomen las medidas que jurídicamente caben para estos hechos delictivos” –dijo y lo acompañó con su firma.

  Abril de 2006

  Fueron abiertas tres causas contra el concejal del Frente para la Victoria Eduardo D’Amico. Una de ellas, por injurias y calumnias, fue presentada por el propio intendente Acuña a raíz de declaraciones realizadas por D’Amico a un periódico de Morón. Las otras dos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público e incitación a la violencia se relacionaban con los hechos ocurridos durante la sesión inaugural del Concejo Deliberante de diciembre de 2005, cuando D’Amico se excusó de tomarle juramento a dos concejales electos del FPV que se habían pasado a las filas del acuñismo antes de asumir.
  Una cuarta causa por enriquecimiento ilícito terminó de desmoronarlo. Fue presentada por un supuesto vecino de Hurlingham de apellido Vulletin aunque el propio D’Amico se la atribuyó en aquel entonces al oficialismo. El edil -uno de los candidatos en condiciones de disputarle la intendencia a Acuña- hizo las valijas y el horizonte quedó otra vez despejado.

  Mayo de 2006

  El Dr Jorge Brioso, abogado patrocinante de la sociedad de fomento 21 de Agosto, denunció el accionar poco claro de la fiscalía Nº 4 de Morón y la evidente parcialidad con que se desenvolvió la policía de Villa Tesei, ante la usurpación sufrida por la entidad a manos de punteros políticos afines a la administración municipal que se habían apropiado del lugar cambiando la cerradura. La 21 deAgosto, había sido el lugar de reunión de los vecinos que se oponían a la instalación del cementerio privado “Brisas del Pinar” y la usurpación fue interpretada como una revancha del oficialismo.
  Los fomentistas reaccionaron ante el hecho forzando la puerta y volviendo a cambiar la cerradura pero ante una denuncia intervino la policía de Villa Tesei que invitó a algunos de los directivos de la entidad a trasladarse a la comisaría, en tanto que el resto permaneció en el lugar. Mientras esperaba junto al despacho del comisario Cristaldo, el Dr. Brioso fue testigo de un diálogo telefónico en el que según sus propias palabras el policía recibió el llamado de alguien “que se hacía pasar por un alto funcionario municipal, que le comunicó que el intendente Acuña apoyaba claramente a una de las partes en conflicto”.
  Tras el llamado y sin avisar nada a Brioso y a los directivos de la 21 de Agosto que lo estaban esperando, Cristaldo se dirigió a la sede social donde reclamó la llave nueva a los fomentistas que permanecían en el lugar, los desalojó, hizo tomar fotos y dejó un móvil de consigna en la puerta. Horas después los punteros del oficialismo volvieron a ocupar el lugar con la anuencia del personal del móvil de consigna que seguía en el lugar.
  El jefe policial alegó haber recibido la orden de desalojar a los fomentistas de parte de la fiscal Valeria Courtade, de la fiscalía Nº 4 de Morón. Cabe consignar que Courtade no cumplía con los requisitos mínimos de neutralidad que deberían exigirse a un fiscal, puesto que era ya por entonces la mujer del Director General de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, Gustavo Triemstra.
  Las sospechas de parcialidad volvieron a recaer sobre Courtade en el caso de Ezequiel Spitaleri, asesinado en Merlo en plena calle por Erasmo Núñez, un hombre ligado a las fuerzas de choque del intendente de ese distrito, Raúl Othacehé. Los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acusaron a la fiscal de demorar la investigación favoreciendo a Núñez y presumen la existencia de un encubrimiento.

(continúa en el próximo número)